La diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para exigir explicaciones y soluciones inmediatas ante la grave situación que atraviesa la provincia de Cádiz en relación con la obtención del carné de conducir. La huelga de autoescuelas convocada este jueves, que la parlamentaria califica como “sin precedentes en la historia reciente de la formación vial en Andalucía”, ha evidenciado el colapso del sistema de exámenes de tráfico en la provincia.
Según denunció Gil de Reboleño en sede parlamentaria, más de 10.000 personas permanecen actualmente en lista de espera para realizar las pruebas de conducción, con demoras que alcanzan hasta los ocho meses. A su juicio, esta situación supone un serio perjuicio para los derechos de la ciudadanía y afecta directamente a la economía local, ya que en territorios como Cádiz “obtener el permiso de conducción es una herramienta fundamental para acceder a un empleo o a una formación profesional”. Por ello, considera inaceptable que este derecho “se convierta en un privilegio”.
La diputada atribuye el origen del problema a la drástica reducción de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia. Actualmente solo siete profesionales están cubriendo la demanda de exámenes, una cifra muy alejada de los más de treinta que operaban hace unos años. La falta de refuerzos, ni siquiera de carácter interino o estacional, ha generado, en palabras de Gil de Reboleño, “una situación de emergencia funcional”.
A este colapso se suma la crisis que atraviesan las propias autoescuelas gaditanas. Más de un centenar de centros están al borde del cierre, mientras el alumnado se ve obligado a asumir el coste de clases adicionales para mantener la destreza al volante durante los meses de espera.
Uno de los aspectos que más inquieta a la diputada gaditana es que ninguna de las 40 plazas interinas ofertadas recientemente a nivel nacional por la DGT ha sido asignada a la provincia. Gil considera esta exclusión como “un error difícil de justificar desde el punto de vista de la gestión pública”, y recuerda que la Constitución obliga a la Administración a actuar con objetividad y garantizar la calidad de los servicios públicos. En este sentido, denuncia una “clara desatención institucional hacia las provincias periféricas del sur del Estado”.
En su iniciativa parlamentaria, Gil de Reboleño solicita al Ministerio del Interior que detalle qué medidas concretas va a adoptar para aumentar de forma urgente el número de examinadores en Cádiz, cómo se va a repartir territorialmente el personal ya asignado y cuál es el cronograma previsto para reducir los tiempos de espera a menos de dos meses.
La diputada concluye que esta situación refleja una “infraestimación sistémica del problema” y reclama un refuerzo inmediato de los servicios de la DGT en la provincia, con el objetivo de garantizar un acceso igualitario a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
